El cambio en la pirámide demográfica de nuestro país, que proyecta que a mitad del siglo XXI dos tercios de la población serán personas de la tercera edad, hará de este segmento un grupo cada vez más importante a todo nivel. Desde el diseño de políticas públicas hasta las grandes decisiones electorales, y por cierto también en la economía doméstica.
No es fácil ser adulto mayor en Chile y todo parece indicar que tampoco lo será cuando la mayoría de la población se sume a este segmento en el transcurso de este siglo. Las bajas pensiones, los problemas de acceso y calidad de la salud, y la falta de espacios para vivir una vejez digna se configuran para algo que bien podría parecerse a una tormenta perfecta.
En el plano del endeudamiento, más aún en un contexto de crisis como el que enfrentamos, la realidad no es muy distinta. Algunas cifras económicas dan cuenta de un panorama delicado y alarmante. En medio de la pandemia, por ejemplo, los adultos mayores fueron el único grupo etario que aumentó su nivel de obligaciones de pago, ya que muchos recurrieron a tarjetas de casas comerciales para comprar bienes de primera necesidad o medicamentos.
Por eso, la decisión de la Comisión de Constitución del Senado de respaldar la idea de legislar sobre una iniciativa sobre la inembargabilidad de los bienes de consumidores mayores de 65 años es una buena noticia para Chile. El espíritu de la norma va en la dirección correcta.
Se estima que un 16,5% de los deudores morosos en Chile, cerca de 700 mil personas son de la tercera edad, según el informe de Equifax y la Universidad San Sebastián. Para este segmento, durante la emergencia sanitaria global, aumentó tanto la cantidad de deudores morosos como la cifra de mora promedio, que supera en hasta diez veces la media de ingresos por concepto de pensiones.
El proyecto de ley también supone una nueva actualización a la jurisprudencia, de manera de que Chile cuente con un sistema procesal no solo acorde a su contexto país, sino también de mayor justicia. No existe concordancia entre una deuda de un par de millones de pesos, incrementada por condiciones crediticias poco favorables, y la pérdida de un patrimonio que permita a nuestros adultos mayores vivir sus últimos años con dignidad.
Si en el caso del resto de los deudores las modificaciones legales de los últimos años apuntan a que las personas se reinserten en el sistema financiero tras acogerse a las herramientas legales disponibles, en el caso de los adultos mayores parece del todo razonable contar con una política pública focalizada.
Y cuyo espíritu sea evitar que la banca o el retail terminen quitándole a estas personas bienes que les ayudan a enfrentar con mayor dignidad las etapas finales de la vida.
Por: Ricardo Ibáñez, abogado-socio Defensadeudores.cl
